Un empleado del penal de Glusberry, Arizona, ha sido acusado de imprudencia homicida por no esterilizar las jeringuillas usadas para poner la inyección letal a los presos condenados a muerte. El gobernador del Estado de Arizona, al conocer la imprudencia del funcionario John Waters, ha declarado que con servidores de la ley tan desaprensivos no le extraña que los condenados a muerte acudan a su ejecución con desgana. “Un condenado a muerte”, ha dicho mientras participaba en el linchamiento de un negro que había piropeado a una mujer blanca, “merece todo nuestro respeto. Su ejecución debe hacerse con todas las garantías necesarias para que el reo no se infecte con vaya usted a saber qué”.
El funcionario, John Waters, ha sido apartado de sus funciones, pero al saberse que era católico, se le ha trasladado de parroquia y a correr.
La oveja feroz
09.10.12
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